Sábado 16 de Diciembre de 2017
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5 de Diciembre de 2017
Fuente: redaccion
El Círculo de la Sanidad lamenta que no haya una ley de contrataciones públicas específica para Sanidad
Durante la jornada, una decena de expertos debatieron sobre los diversos aspectos de la aplicación de la nueva ley de contrataciones de servicios externos así como sobre los procedimientos actuales en las licitaciones en el ámbito de la Sanidad.

Ángel Puente, presidente del Círculo de la Sanidad, entidad que aglutina a más de 25 directivos de las principales empresas proveedoras de bienes y servicios del Sistema de Salud, lamentó que no exista, ni vaya a existir, una ley de contrataciones públicas específica para Sanidad. 



Sin embargo, en este sentido, animó a recoger el guante lanzado por el subsecretario de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez, al comentar que la nueva Ley de Contratos del Sector Público a la que el Congreso de los Diputados dio luz verde el pasado mes de octubre “deja muchas cosas abiertas a la hora de sacar las bases y adecuarlas a las necesidades de cada sector”. 

 

Así se manifestó Ángel Puente, durante su intervención en el encuentro “Las licitaciones dentro del ámbito de la Sanidad: ¿subasta y precio o calidad del servicio?”, organizado por el Círculo de la Sanidad y New Medical Economics en colaboración con Fundación ONCE e ILUNION, en el que más de una decena de expertos debatieron sobre los diversos aspectos de la aplicación de la nueva ley de contrataciones de servicios externos así como sobre los procedimientos actuales en las licitaciones en el ámbito de la Sanidad.

 

En este contexto, la abogada y socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, apoyó  la idea de Puente, afirmando que “echamos de menos una ley para el sector que establezca requisitos específicos para un ámbito tan especial como es el sanitario”.  Sin embargo, el director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria del SERMAS, César Pascual, explicó que “la ley no debe ser sectorial y que la nueva legislación enfrenta al sector sanitario al reto de adecuarse a ella y de procurar avanzar en innovación”.

 

Por su parte, Antonio Mascaró, subdirector de compras y logística del Ibsalut, descartó que la nueva ley esté pensada para Sanidad ya que la palabra “salud” aparece menciona solo 18 veces y la palabra “sanidad”, solamente siete. Por otra parte, abordó la cuestión del precio de los contratos frente a la calidad y concluyó que “el precio no es un factor determinante” asegurando que “lo que tenemos que conseguir es que el paciente esté tratado en las mejores condiciones posibles garantizando la sostenibilidad del sistema”.

 

Esta idea, también fue recalcada por Javier Godoy, director de Carburos Metálicos, quien aseguro que “el precio no es la solución ya que las empresas somos capaces de ahorrar dinero no siendo más baratos, sino cumpliendo objetivos e inversiones”.

 

Por otra parte, el director general de Contratación Patrimonio y Tesorería de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Jesús Vidart, aseguró que la responsabilidad del precio de los concursos “es compartida” ya que desde la administración, resulta muy difícil defender que un presupuesto es ajustado, cuando después de presentarlo, se presentan varias empresas ofreciendo incluso precios más bajos.

 

Sin embargo, el director de gestión y servicios generales del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Yago Gómez, apuntó que se le había quedado un concurso desierto, debido al bajo presupuesto con el que contaban.

 

Por su parte, el director de Azierta Salud, Luis Rosado, manifestó la necesidad de modificar los modelos de compra y venta “ya que no se puede permitir un sistema en el que no se pague a los proveedores y se genere una deuda no contabilizada provocando las denominadas “facturas en los cajones”. Además, recordó que “tenemos un sistema privado que se sustenta con las carencias del público” y que se confunde la colaboración público privada con la privatización.

 

Y es que, tal y como explicó el director general de Coordinación de Asistencia Sanitaria (SERMAS), César Pascual, aunque se hable mucho de privatización y de ánimo de lucro, la realidad es que “el 42% del presupuesto de sanidad ya va destinado a entidades con ánimo de lucro, como las empresas de la industria farmacéutica, el servicio de limpieza, las constructoras, etc.”.

 

Asimismo, el subsecretario de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez, declaró que aunque las Comunidades Autónomas tengan más del 90% del gasto sanitario consolidado, “el estado es el último garante al ciudadano de la calidad del servicio que se presta al ciudadano de manera que debería garantizar que  no hay ninguna irrupción en la prestación del servicio”. 





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